La criminalización del
sindicalismo y la ofensiva penal contra el derecho de huelga tiene todos los
ingredientes para afirmar que estamos ante una acción coordinada, con
instrucciones desde la fiscalía, a lo que habría que añadir, el proceso
involutivo que esta afectando a determinados sectores de la judicatura.
Desde hace tiempo el
sindicalismo de clase se ha venido enfrentando a una poderosa campaña mediática
que ha buscado, de manera sistemática, su quiebra reputacional, con un único
objetivo debilitar el trabajo sindical y su capacidad de respuesta.
Para los sectores más
conservadores, debilitar los sindicatos, haciéndolos prescindibles, es una
prioridad, y a ello se ha sumado, además de alentar todo tipo de campañas, el
propio gobierno, adoptando decisiones dirigidas al corazón de las relaciones
laborales, intentado con ello, limitar el poder contractual de los sindicatos.
Aunque también he de
decir que algún que otro sector, en las antípodas del conservadurismo, no sé si
por ignorancia, por miopía política, o sencillamente porque conciben a los
sindicatos como organizaciones meramente instrumentales, se han sumado con
"campañitas", en algún caso, ciertamente miserables.
Pues bien estamos ante
una situación extremadamente preocupante, un ataque sin precedentes al
sindicalismo democrático y su función constitucional, que se articula a través
de la acción penal, que pone en cuestión derechos fundamentales, entre ellos el
derecho de huelga.
En el caso de CCOO se han
abierto casi 60 procedimientos que afectan a prácticamente 200 sindicalistas, a
una parte de los cuales se les piden hasta 8 años de cárcel, como es el caso de
los compañeros de AIRBUS, o 4.5, en el caso de la Secretaria General de
Baleares, 2 para cada uno de los cinco compañeros de Rioja, entre ellos el
Secretario General, 3 a
compañeros de Navantia, o 2 a
un compañero de CocaCola, o a compañeros de Fiesta, o la apertura de
diligencias, todavía sin calificar, a compañeros de otras empresas, o los
procesos abiertos en el País Valenciano, en Andalucía,… A esta relación hay que añadir, las
sentencias en Pontevedra, Vigo o Granada, o la relación de compañeros de UGT,
afectados igualmente por la acción penal impulsada a instancia de distintas
fiscalias.
Efectivamente hay una actuación determinante en el
mantenimiento de las acusaciones penales del Ministerio Fiscal, pues en este
punto, la posición de los Juzgados de Instrucción de forma muy general es la de
admitir la viabilidad de la instrucción y permitir que el Fiscal pueda formular
su acusación.
Todas
estas prácticas sancionadoras, que
están en relación con el desarrollo de las huelgas de carácter general,
sectoriales o de empresa, son intolerables y ante las que, el sindicato no se
va a quedar en la mera denuncia.
Ya se están adoptando
iniciativas jurídicas y sindicales y se va a impulsar un amplio e intenso
proceso de movilización en la empresa y en la calle. Se van a multiplicar las
iniciativas para evitar que ninguna persona, por ejercer un derecho
constitucional, como es el de huelga, entre en prisión. Se lo hemos trasladado
al Ministro de Justicia y se recurrirá a todas las instancias, incluidas las
internacionales.
El sindicalismo
internacional, que se muestra enormemente sorprendido por lo que esta
ocurriendo en España, va igualmente a impulsar una campaña de denuncia frente a
estos hechos y de apoyo al sindicalismo español.
De otra parte, no es
tolerable la injerencia de los poderes públicos en las organizaciones
sindicales, como tampoco una restricción ilegitima de derechos democráticos y
de manera singular del derecho de huelga, pieza esta, codiciada por
determinados sectores empresariales.
Sin derecho de huelga, o
cortocircuitado a través de distintas vías, una de ellas la de la represión, no
se puede, en ningún caso, calificar la democracia española, como una democracia
plena.
Ahora bien, la acción del
sindicato, no solo va a continuar, también se va a fortalecer. Haciendo
irreversibles lo que son derechos fundamentales, impulsando y convocando
movilizaciones y huelgas, siempre que sea necesario, al igual que van a
continuar los emplazamientos a la negociación, a gobiernos y patronales, para
dar respuesta a los graves y reales problemas que tiene nuestro país: el
desempleo, la pobreza y la desigualdad.
El respeto y la vigencia
generalizada de la libertad sindical y por consiguiente la presencia del
sindicato como figura social clave no solo de las relaciones económicas y
sociales, sino de la propia civilización democrática, en ningún caso puede
estar en cuestión.
Publicado en la Revista de Estudios y Cultura 62
de la Fundación 1º de Mayo http://goo.gl/fottyW | 17 de junio de 2014 |