El discurso
deslegitimador del sindicalismo, emitido desde las terminales de determinados
sectores conservadores, cuenta entre sus tópicos más recurrentes los referidos
a una supuesta poca representatividad y mucha dependencia de los recursos
institucionales, tanto materiales (subvenciones) como humanos (horas
sindicales, “liberados”), lo que le situaría muy por debajo de sus homólogos
europeos, especialmente, alemanes, británicos y escandinavos.
Los críticos oscilan
entre quienes disparan a todo lo que se mueve en el ámbito sindical, sin
importarles incurrir en contradicciones tan flagrantes como mantener
simultáneamente que los sindicatos apenas tienen afiliados y carecen de
representatividad… pero disponen de demasiados delegados (un “ejército” en su
jerga cuartelera) y quienes, desde un academicismo formal pretendidamente
riguroso (FEDEA), empiezan elevando el nivel teórico de sus críticas (los
sindicatos como grupo de presión, modelización insiders/outsiders, teoría del
votante mediano) para acabar afirmando, en un alarde de sofistificación
analítica que “La escasa implantación, que provenía del franquismo, se perpetuó
en la regulación actual, que es de finales de los años 70 y nunca se ha
reformado, al otorgar representatividad a los sindicatos desde arriba, en vez
de requerir que la obtuvieran desde abajo”.
La realidad es, sin
embargo, muy distinta, aunque los voceros del antisindicalismo no parecen
dispuestos a que los datos reales contradigan su discurso ideológico. Y es que
desde la primera convocatoria de elecciones a delegados y comités de empresa
(enero de 1978) hasta la actualidad, los sindicatos han revalidado (y ampliado)
regularmente su representatividad, con una periodicidad bianual hasta finales
de los ochenta y cuatrienal desde entonces, mediante procesos de incuestionable
legalidad y transparencia en más de 100.000 empresas en los que se eligen más
de 300.000 delegados, de los que el 37,5% pertenecían a CC OO y el 35,4% a UGT.
La representatividad del
sindicalismo español ha sido, asimismo, reconocida por la última Encuesta
Europea de Empresas (ECS’2013) realizada por la UE, en base a una muestra de
29.950 empresas de más de 10 trabajadores, de las que se ha entrevistado a los
respectivos directores de recursos humanos y cuyos primeros resultados se han
hecho públicos recientemente.
Según dicha encuesta,
España se sitúa entre los países con mayor tasa de cobertura de la
representación sindical en las empresas, con un 57,1%, muy por encima tanto de
la media europea (32,1%) como de países tan significativos como Alemania
(21,9%) y Reino Unido (16,2%), aunque por debajo de Dinamarca (79,7%) o
Finlandia (70,3%)
Lo que si resulta
claramente inferior, en el caso español, es la regulación legal y aporte real
de recursos materiales, formativos y de tiempo para el ejercicio de las
funciones de representación.
En el primer caso, la
ECS’2013 informa que, para el conjunto de la Unión Europea, el 37% de la
representación de los trabajadores tiene acceso a financiación de las propias
empresas para costear el asesoramiento externo (jurídico, económico, técnico)
necesario para el ejercicio de sus funciones, mientras que en el caso español
dicho porcentaje se reduce prácticamente a la mitad (19%).
Asimismo, la proporción
de representantes de los trabajadores que reciben formación especializada para
el ejercicio de su actividad, resulta también inferior a la media europea, lo
que sin duda afecta a la calidad y eficacia de su intervención.
Con todo, las mayores
diferencias y limitaciones a la representación de los trabajadores se registran
en la asignación de tiempo efectivo para el desarrollo de sus funciones,
contradiciendo de nuevo en la práctica uno de los tópicos antisindicales más
difundidos, el relativo a las horas de disposición sindical y a los llamados
“liberados”.
Se trata, sin embargo, de
una cuestión que cuenta con el necesario respaldo legal a nivel internacional y
nacional, y la suficiente homologación real, tal como acreditan los datos de la
ECS’2013.
En el primer caso, la
legislación internacional establece, por una parte, la obligación de empresas e
instituciones públicas de dotar a los representantes sindicales de
“…facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus
funciones” (art. 2.1 del Convenio 135 de la OIT) y, por otra, la Recomendación
143 de la misma OIT determina que el tiempo para el ejercicio de la actividad
sindical habrá de ser “…sin pérdida de salario ni de prestaciones u otras
ventajas sociales” (art. 9), tanto para “…desempeñar las tareas de
representación en la empresa” (art. 10.1), como para “…asistir a reuniones,
cursos de formación, seminarios, congresos y conferencias sindicales” (art.
11.1) fuera de la misma.
A nivel nacional, el Estatuto
de los Trabajadores incluye entre las garantías de los representantes de los
trabajadores en las empresas la de “…disponer de un crédito de horas mensuales
retribuidas… para el ejercicio de sus funciones de representación”, de acuerdo
con una escala que oscila entre las 15 horas/mes para los delegados de empresas
con menos de 100 trabajadores hasta las 40 horas mensuales por delegado en las
de plantilla superior a los 750, pudiendo “…pactarse en convenio colectivo la
acumulación de horas de los distintos miembros del Comité de Empresa y, en su
caso, de los delegados de personal, en uno o varios de sus componentes, sin
rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o relevados del trabajo sin
perjuicio de su remuneración” (art. 68.e).
A este respecto, la
ECS’2013 calcula que el 6’3% de los representantes de los trabajadores no
cuentan con autorización para utilizar parte de su jornada para el ejercicio de
sus funciones, mientras que un 5’3% sí dispondrían de la misma aunque en
cantidad insuficiente y un 29,2% en proporción básica pero suficiente. El
bloque mayoritario (56,2% del total de representantes sindicales europeos)
tendría acceso a todo el tiempo necesario para sus actividades y, finalmente,
un 3,5% de ellos dispondrían a tal efecto de su jornada completa en cómputo
anual.
Resulta especialmente
significativo constatar que España se sitúa a este respecto en la cola de la
UE, pues sólo el 28,3% de sus representantes disponen del crédito horario
necesario para el ejercicio de sus funciones (y sólo el 0,1% de jornada
completa), lo que contrasta clamorosamente con los niveles de representatividad
que la misma ECS sitúa en el doble de la media europea.
Tan significativo
desajuste (el doble de representatividad y la mitad de los recursos) pone, una
vez más, de manifiesto lo infundado de las críticas que a este respecto reciben
los sindicatos españoles, cuya formulación carece de soporte empírica y
responde, en consecuencia, a intereses ideológicos de deslegitimación del
sindicalismo, como estrategia complementaria a los procesos de desregulación
laboral y desigualdad social.
Rodolfo Benito Valenciano
es secretario confederal de Estudios de CC OO y presidente de la Fundación 1º
de Mayo.
Pere J. Beneyto es
profesor de Sociología del Trabajo en la Universidad de Valencia.
Publicado por eldiario.es,
el 17 de febrero de 2014