Tres son al menos los elementos centrales que hemos de analizar del periodo de crisis por el que estamos atravesando y que amenaza con llevarse por delante una parte importante de los derechos que hoy configuran nuestro modelo social.
De una parte, la tesis que está en la raíz de esta crisis y que nos ha estado martilleando con sus discursos y sus políticas que, aunque fracasadas, pasado un primer tiempo de desconcierto, sigue dirigiendo la economía mundial al margen de la política y con los criterios de siempre: “la eficiente asignación de los recursos de los mercados y la superioridad de lo privado sobre lo público”.
El creciente cuestionamiento del modelo social, es parte fundamental de las tesis neoliberales, que no se abrirían camino si no estuvieran respaldadas por los Gobiernos, tal y como hoy ocurre en una parte fundamental de la Unión Europea, y que se sustentan en el principio de “ciudadanía mínima”. Un Estado asistencial, en definitiva, frente a la idea progresista de consolidar un sistema progresivo de derechos sociales, concebidos éstos como parte central también de un crecimiento económico sostenible.
Estamos ante los desafíos propios una nueva realidad; ya no estamos hablando de la explotación laboral del siglo XIX, estamos ante una doble explotación: la que se realiza desde el capital financiero especulativo sobre los Estados y que afecta a una mayoría de la ciudadanía, y la que se realiza sobre los trabajadores y sus derechos de manera singular.
Uno de los debates que con más insistencia se ha venido produciendo en los dos últimos años es si de esta crisis íbamos a salir con los derechos previos a la misma o con menos derechos. Todos los indicadores apuntan a que, empezando por el empleo y los derechos añadidos al mismo, de esta crisis vamos a salir con una merma de derechos.
El valor del sindicato
La otra parte del debate es si el movimiento sindical va a salir de la crisis con el poder contractual más o menos debilitado. Esta es una cuestión fundamental, porque, sólo si el movimiento sindical sale con un poder contractual fuerte, la recuperación de derechos se podrá producir en un periodo razonable de tiempo.
Ahora bien, como en otros ámbitos, el poder sindical no es nada al margen de su ejercicio efectivo. Un ejercicio efectivo que tiene en la capacidad de movilización del propio sindicato su piedra angular, capacidad que depende, a su vez, de la capacidad de penetración del sindicato en la empresa y en la sociedad.
Para ello, la clave no sólo tiene que ver con el incremento afiliativo, (muy importante), ni con los resultados de las elecciones sindicales (esenciales) sino con situar la centralidad del hecho sindical. Lo cual añadirá valor, en el debate actual, al hecho afiliativo y a la representación sindical, a la organización de la propia clase trabajadora, a la articulación de la ciudadanía en torno a principios de progreso. El sindicato no será un elemento tangencial al debate o un mero corrector de decisiones tomadas en otras instancias, sean éstas políticas o económicas, sino un factor decisivo de articulación y organización; en definitiva, lo que es: un agente social.
Esto significa que el sindicato tiene que hacer un esfuerzo para activar el compromiso y la militancia de su afiliación y especialmente de sus cuadros sindicales, con especial atención a los que tienen responsabilidades directas en el centro de trabajo:
• para romper la inercia de la resignación y las posiciones meramente defensivas que están impregnando grandes capas de la sociedad;
• para amalgamar el hecho social restañando las fracturas que la deriva del mercado de trabajo y de las políticas neoliberales han ido generando;
• para reforzar la capacidad de iniciativa y propuesta;
• y para situar los puntos neurálgicos desde los que impulsar una política sindical muy vinculada a la realidad que hemos de abordar.
Iniciativa sindical
La Huelga General del 29 de Septiembre, por el seguimiento masivo y el constatable respaldo social que tuvo, supuso un impulso para reforzar la capacidad de propuesta y de iniciativa sindical, que se tradujo en la propuesta sindical “Recuperar derechos y defender el estado social”.
El firme compromiso del sindicato con los trabajadores y trabajadoras, con la sociedad española y con su futuro, es hacer reversible la reforma laboral y con ello las medidas socialmente injustas y económicamente desacertadas que el Gobierno propone en materia de pensiones y que, en materia económica y social, se han venido adoptando.
También va en esa dirección La Iniciativa Legislativa Popular, por el empleo estable y con derechos, pendiente de los últimos tramites para iniciar en próximos días la recogida de firmas. El proyecto de ley presentado para llevar al Congreso tiene como objetivo el trabajo con derechos como fundamento del crecimiento económico sostenible.
El Consejo Confederal de CCOO celebrado el pasado 11 de Enero, después de diversos encuentros mantenidos con el Gobierno, reafirmó esta estrategia, dando una oportunidad a la negociación, objetivo de las movilizaciones que se han venido desarrollando en nuestro país, haciendo igualmente un llamamiento al conjunto de la organización para prepararse para el desacuerdo, si el acuerdo no es posible.
Las pensiones están en el centro de este proceso en el que en estos días estamos inmersos y, junto al futuro de las pensiones, la negociación colectiva, la reforma laboral y aspectos tan importantes como la recuperación de derechos de los empleados públicos, de los pensionistas, que han visto congeladas sus pensiones en 2011, o las políticas industrial y energética, fundamentales ambas para el necesario cambio de modelo productivo.
Condiciones para un pacto global
El empleo, que es la prioridad en nuestro país, y la adopción de medidas de choque frente al desempleo de la población joven y al paro de larga duración, forman parte del pacto global que los sindicatos estamos demandando. Se incorporan también otras medidas dirigidas a la restitución de la protección para quienes han finalizado la prestación por desempleo, y al establecimiento de programas que vinculen formación y empleo.
Pero, efectivamente, las pensiones son parte fundamental, el nudo gordiano de este proceso de negociación, al que CC OO va con la firme voluntad de alcanzar acuerdos.
El Gobierno sabe que el acuerdo es posible, pero para que se avance, la flexibilización de sus posiciones es condición necesaria. Retirar la propuesta de atrasar la edad de jubilación a los 67 años de forma generalizada y obligatoria es la puerta para un acuerdo equilibrado, que aborde la política de ingresos y de gastos, que garantice la equidad interna y en la que no se penalice la contributividad en el sistema.
Un acuerdo para seguir fortaleciendo el sistema de Seguridad Social en nuestro país, elemento estratégico para los sindicatos, y en el que el Pacto de Toledo debe seguir jugando un papel fundamental.
De ahí precisamente la importancia de que, junto al Gobierno y los agentes sociales, las fuerzas políticas participen del mismo.
La negociación colectiva es parte fundamental de este proceso, en el que la participación de la CEOE se hace imprescindible.
Reforma de la negociación colectiva
La reforma de la negociación colectiva debe servir para que ésta gane en vertebración y articulación, que impulse la coordinación sectorial estatal y la redefinición de sectores de actividad económica. Ha de contener medidas para potenciar convenios sectoriales y su articulación con los convenios de ámbito inferior: provinciales, autonómicos, de empresa o con los acuerdos de empresa. Una reforma que sirva para resolver los factores que generan inseguridad jurídica en la ordenación de las fuentes de la relación laboral; establecer las reglas de concurrencia y distribución de materias entre los distintos ámbitos de negociación colectiva; o los instrumentos para el seguimiento y control de la aplicación de lo acordado convencionalmente en materia de articulación; la atomización y fragmentación de los convenios colectivos; la cobertura de las actividades sin convenios sectoriales de referencia mediante la ampliación de ámbitos funcionales, la extensión de convenios o la creación de nuevos; la creación de nuevos ámbitos de negociación garantizando la ausencia de concurrencia y la invasión de ámbitos de negociación ya establecidos; los ámbitos personales; la adaptación del sistema de negociación colectiva a las nuevas actividades económicas: grupos de empresa, el trabajo de empresas “en red”, empresas con dos o más actividades, empresas de dimensión comunitaria; y, por último, la negociación colectiva y las normas sobre concurrencia en los mercados.
La negociación colectiva constituye el ámbito más ajustado para negociar la flexibilidad en las empresas, frente al planteamiento generalista y, por lo tanto, arbitrario de la Reforma Laboral, en la medida en que la negociación colectiva se adapta a los ámbitos concretos, cubre los vacíos existentes, y se administra autónomamente, es decir, en la medida en que la gestión del convenio se realiza por parte de los firmantes del mismo.
Un proceso de negociación enormemente importante en el que la tesis de que la ultraactividad de los convenios desaparezca. Dicho de otro modo, no tiene cabida que una vez finalizada la vigencia del convenio colectivo, se inicie la negociación del nuevo convenio desde CERO, que eso es lo que significa ultraactividad.
Una apuesta por la negociación y el acuerdo es la que se está realizando por parte de los sindicatos, con un conjunto de propuestas útiles y avanzadas social y económicamente, que responden a la actual coyuntura económica y que canalizan los deseos de la sociedad española.
